Ernesto Alonso – ex combatiente de Malvinas y referente del CECIM – hablo con Radionauta sobre los fundamentos de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las denuncias por torturas a los soldados durante la Guerra de Malvinas y bajo gobierno de facto, fueron presentadas en Rio Grande en el año 2007. Allí se declaraba que eran delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
Sin embargo, cuando la causa fue elevada a un tribunal de mayor rango, la Cámara de Casación Penal, integrada por Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Basavilvaso, dictaron su prescripción.
“Habían admitido en el expediente – mediante el recurso amicus curiae – un grupo de veteranos de guerra que decían que los hechos denunciados eran aislados, que no habían sucedido y que se tendrían que haber investigado en otro momento. Esa gente eran los que habían participado en los levantamientos de carapintadas en 1991” sentenció.
A partir de esto el CECIM presento un recurso que fue denegado, por lo cual termino en la Corte Suprema de Justicia que “después de tres años, etiquetaron como ‘sentencia no definitiva’ a lo declarado por la Cámara de Casación”.
Alonso, califico al dictamen como bochornoso y subrayo que de lo que se esta hablando es de la investigación de asesinatos de soldados, de torturas con picanas, estaqueamientos, crímenes de lesa humanidad. “La Corte nos estrecha las garantías a los hombres que no queremos que esto quede en el agujero negro de la impunidad”.
Finalmente dijo que estaban a la búsqueda de denuncias ya hechas años anteriores y que fueron tapadas.
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