Darío Estevez, Presidente de la Federación Universitaria de La Plata se refirió desde la Facultad de Derecho (en donde el decanato continúa tomado) sobre la cantidad de docentes en la universidad vinculados a la última dictadura, cuestión que se puso en debate el año pasado con el médico Pérez Albizú y ahora de la mano del juez Piombo, también denunciado por haber sido cómplice de los militares.
Pese a que la universidad no permite en el preámbulo de su estatuto que la integren personas relacionadas con la última dictadura militar, nunca se reglamentó como actuar a la hora de descubrir un nuevo caso. “No existe un protocolo de cómo eso se hace realidad, pero si la universidad quiere, puede hacer uso de esa herramienta”.
El antecedente concreto es el caso de Pérez Albizu, vicedecano de Ciencias Médicas que firmaba certificados de NN para enterrar desaparecidos en la dictadura. Al momento de presentarse la prueba en el Juicio al centro clandestino de detención “La Cacha”, los estudiantes inmediatamente movilizaron y paralizaron el edificio central de la universidad hasta que la presidencia tome cartas en el asunto. “Pérez Albizu fue expulsado gracias a la movilización estudiantil” recordó Estevez.
Piombo por su parte, es un peso pesado de la corporación judicial: concursó la titularidad de la cátedra en donde está hace muchísimos años. “Si bien muchos no lo pueden defender abiertamente, también es un docente que todavía tiene mucho poder y mucho peso como para que no lo salgan a criticar abiertamente o eviten el tema” explicaron desde la FULP ante el silencio de las autoridades y la mayoría de los docentes.
Ayer la única que los atendió fue la vice-decana, que anunció la posibilidad de llegar a un consejo directivo el próximo martes en donde se evaluaría la situación. Los estudiantes quieren asegurarse de que se cumpla el compromiso del juicio político y que Piombo sea cuanto menos suspendido hasta su resolución.
Descargar audio