Mariano Gutiérrez, miembro de la Asociación Pensamiento Penal, dialogó sobre las repercusiones del fallo de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués. Más allá de catalogar el fallo como repudiable y entender que es justificado el motivo de escándalo, Gutiérrez advirtió sobre el juicio político cuando se utiliza como “una herramienta para domesticar al poder judicial”. “La pregunta que aún no puedo responder es por qué el fallo sale a la luz después de un año. No es una razón jurídica ni estrictamente mediática; no se explican los motivos para que se haya esperado un año para darle esta visibilidad”, dijo Gutiérrez. Sobre el tema de los juicios políticos, explicó las modificaciones surgidas del nuevo código y dio su visión sobre la persecución a jueces garantistas que con sus fallos generaban costos políticos: “El resultado es un poder judicial temeroso de las sanciones políticas. Cuando se acude a la mentira de que una intensiva persecución penal previene el delito, se compra el derecho a no pensar políticas reales de prevención. Y entonces aumentó la tasa de encarcelamiento en la provincia superando ampliamente las medias nacionales”. En cuanto a la cuestionable fundamentación que dieron los jueces para quitar los agravantes dijo que “el principal problema del fallo es el vocabulario que utiliza y la imagen que transmite acerca de la sexualidad infantil de un chico violado. Toda la interpretación del derecho es una interpretación desde un punto de vista político; no existe la aplicación mecánica pura del derecho”. Por último, opinó que “tanto la partidización de los jueces como, su reverso, la judicialización de la política, atentan contra la idoneidad de los candidatos a jueces o fiscales y, por ende, contra un sistema de justicia más eficiente”.
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