Carlos Vicente, Coordinador de GRAIN – Acción por la Biodiversidad, dialogó sobre el recurso extraordinario que presentaron ante la Corte Suprema exigiendo la suspensión de la autorización al uso de una nueva soja transgénica. En enero de este año la empresa DAU recibió la autorización de la CONABIA (Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agrícola) para cultivar una soja resistente al glifosato, al glufosinato de amonio y al herbicida 2,4-D, tristemente célebre por haber sido usado por EEUU como componente del agente naranja en la Guerra de Vietnam. “El fundamento fue la omisión de la participación ciudadana. Desde el 96 la autorización de transgénicos nace de un ente, que es oscurísimo: la CONABIA, que no tiene información pública sobre quienes la constituyen, que no se sabe nunca como se definen sus reuniones, que trabaja sobre la información que le pasan las corporaciones y que además está integrada por las mismas corporaciones. Esa comisión, formada por las mismas corporaciones, recomienda aprobar los transgénicos y todos son aprobados”, argumentó Vicente. Historizó sobre el papel de Argentina que se convirtió en la plataforma desde donde Monsanto invadió Brasil y Paraguay con la soja transgénica. “Más allá de la rentabilidad económica, del precio internacional de la soja y las posibilidades que le da al gobierno con las retenciones, estamos viviendo una situación muy crítica porque esto es un experimento masivo. Los transgénicos no están hechos para hacer mejores alimentos, sino que están asociados al uso de agrotóxicos y por eso sigue en aumento el uso de glifosato, que en Argentina creció de 16 millones de litros que se usaban en 1996 a más de 250 millones que se usan en el presente”, explicó. “Apostamos a un modelo de agroecológica que sí puede producir alimentos saludables y que es perfectamente viable. Lamentablemente, los gobernantes todavía no se han despertado; somos los pueblos los que tenemos que despertarlos”.
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