Eva Asprella, Coordinadora del Equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales, dialogó con Radionauta sobre la situación en los contextos de encierro y las políticas punitivas, y transmitió la preocupación por la tasa de crecimiento de gente privada de la libertad: “Se intentó instalar que más personas detenidas es más seguridad, y la verdad es que eso no ha tenido resultados positivos”.
En ese sentido, resaltó que más allá del aumento de población carcelaria que afecta las condiciones en las que son alojadas, esto también influye “en las situaciones de salud que se expresan, en la falta de comida, en las situaciones de violencia institucionales y también en la cantidad de personas alojadas en comisarías, algo que la Corte Suprema ya había dicho en 2005 que debería prohibirse” mientras hoy son 2145 personas detenidas en estas condiciones.
Habló también de los discursos electoralistas y de las supuestas soluciones en seguridad: “De ninguna manera se ha conectado el aumento de la cantidad de detenidos con la baja del delito” así como agregó que “el reclamo por seguridad es válido, pero no es la respuesta efectiva la que se está dando, es una respuesta mediática” que prioriza los números y piensa en “términos bélicos como abatidos, que hace pensar en un momento de guerra, cosa que no sucede por suerte”.
El CELS, debió recurrir a organismos internacionales para denunciar la situación de las cárceles de la provincia en 2002, lo que posibilitó que se pudieran trabajar nuevas medidas con el gobierno. Hoy denuncian que en todos estos años se trabajó al revés, hubo un aumento del 16% en la población carcelaria y no se avanzó en las recomendaciones de los organismos de Derechos Humanos especialistas -como el acuerdo de seguridad democrática, ni una profunda reforma sobre las fuerzas y su control- ni en aquellas que la Comisión Interamericana ordenó.
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