“Los civiles parece que son intocables en este país”

alejandrinaOrganismos de Derechos Humanos realizaron presentaciones a la justicia para que se avance con las investigaciones a los civiles y empresarios cómplices de la última dictadura y realizaron un escrache a las oficinas de Ledesma.
Alejandrina Barry, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos

En los últimos meses, la justicia dictó falta de pruebas para diversos casos en donde se buscaba comprobar la participación de empresarios en los delitos de lesa humanidad.
Más allá de las participaciones de grandes empresarios de sectores fabriles y rurales, los medios de comunicación tuvieron responsabilidad en el terrorismo de estado: revistas como Somos, Para Ti y Gente generaron operaciones de prensa junto a los militares para justificar la represión sobre los militantes populares.
Desde Radionauta dialogamos con Alejandrina Barry, quien tenía tres años cuando sus padres fueron secuestrados y fue utilizada por la ex Editorial Atlántida para una operación de prensa que buscaba justificar el asesinato de sus padres: “me mostraron a mí como una nena abandonada por sus padres subversivos, y a ellos como creadores de huérfanos”.
Ayer presentaron un amicus curiae colectivo con varios organismos de Derechos Humanos que se suman a la querella presentada hace años desde el CEPRODH: “hemos aportado pruebas enormes de la relación de esta editorial con los militares y en particular con la patota de la Esma, donde los acusamos de delitos de lesa humanidad dado que son partícipes necesarios, protagonistas de la legitimación de la represión”.
En ese sentido, insistió en que pese a la actuación de la justicia que no juzga a los civiles, ellos desde siempre han planteado que “los militares fueron el instrumento para llevar adelante el genocidio, pero los que idearon, planificaron, financiaron, participaron activamente con las listas negras y señalando, así como aportando autos, fueron los empresarios, los verdaderos ideólogos del golpe”.
Hoy también se realizo un escrache a las oficinas de Ledesma en Capital Federal, donde diversos organismos de derechos humanos denunciaron a la justicia y al gobierno “por seguir garantizándoles enormes ganancias a este empresario responsable del secuestro y desaparición de obreros del Ingenio, 55 de los cuales siguen desaparecidos”.

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