Luis Federico Arias, Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, habló con Radionauta sobre la situación judicial de la expropiación de los terrenos de Abasto, luego del desalojo y la represión que habían sufrido 500 familias.

Luis Federio Arias, Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata

A más de un mes de promulgada la ley que habilita el uso de los terrenos para las 500 familias, hubo algunos avances: se formó una mesa de trabajo en la que participan la Secretaría de Hábitat de la Nación, la Secretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio. Además, se procedió al cambio de la zonificación con apoyo unánime de todos los bloques que participan en el Concejo Deliberante.
Sin embargo, a causa de las acciones de Juez Penal, existen dos problemas que siguen trabando el proceso. Por un lado, la orden de restitución de las tierras hace que las mismas estén aun legalmente en manos de la empresa Mattioli. Por el otro, hace una semana la Corte Suprema dio de baja el pedido del Juez Arias, sobre el conflicto de competencia por irregularidades en el accionar del sistema judicial cuando se dictó la orden de desalojo.
Las irregularidades son por un accionar veloz de la justicia, según contó, ya que desde que se realizó la denuncia hasta que se llevó a cabo el acto de desalojo, había pasado poco más de una semana. “Esto es inédito en la justicia, esto es justicia exprés, una cosa nunca vista en este ámbito, porque sabemos que la justicia penal tiene una demora estructural enorme, porque el 50% de las personas que están privadas de su libertad están sin condena” y “acá además no está probado que haya delitos”.
Otras irregularidades tienen que ver con la falta de participación de quienes estaban en ese momento tomando las tierras. “Los desalojados no tuvieron participación alguna en el proceso: ni por sí, ni a través de sus representantes. El asesor de incapaces que ha de intervenir en el caso de los menores tampoco tomo intervención”.
A pesar de que la noche anterior el vice gobernador Gabriel Mariotto había anunciado que no se haría ningún desalojo, en la madrugada del día siguiente las familias amanecieron corridas por la policía tirando con balas de goma, cometiendo infracciones. “Esos son delitos, pero esos delitos la Justicia Penal no los investiga, se dedica a hacer desalojos”.
“Cada vez que ocurren este tipo de situaciones, terminan beneficiando a los intereses inmobiliarios. Creo que desde esta óptica se termina de entender por qué la justicia obra de esta manera” denunció.