Testimonios de una resistencia que crece desde abajo
Desde la RNMA La Plata, Berisso y Ensenada este Primero de Mayo recuperamos las historias de nuestro pueblo trabajador, en un contexto de profundización del ajuste y la represión: testimonios de despidos, continuidad de situaciones de precarización laboral, vaciamiento de políticas, pero también traemos las experiencias de resistencia, lucha y organización.
En esta entrega, sumamos la denuncia en torno a los despidos y el vaciamiento, al tiempo que amplificamos las voces de trabajadorxs que se organizan en sindicatos de base, fábricas recuperadas, en los territorios populares, por sus derechos, contra la represión y por una sociedad igualitaria.
Los medios populares, comunitarios y alternativos nos sentimos parte de estas luchas y asumimos el compromiso de ser un puente para que estas historias se crucen y fortalezcan al campo popular.
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Detras de los despidos
Inventa, inventa, que algo quedará
Ella es Jessica, tiene 28 años y vino desde Chubut a la ciudad a estudiar Sociología. Ella trabajaba en el Registro Nacional de las personas en una dependencia en La Plata que queda en 7 entre 54 y 55. Es un Centro de Documentación Rápida (CDR). Allí se hacen los trámites de DNI y pasaporte, “yo estaba en atención al público, estaba en la parte de informes hasta la toma de los trámites, estaba en todo el circuito desde que la persona entraba, iniciaba el trámite hasta que se iba”. Jessica, al igual que sus compañeras y compañeros estaba contratada, su contrato se renovaba automáticamente cada 6 meses. Con la asunción del nuevo gobierno en su trabajo las cosas cambiaron. Tanto a ella como a sus compañeras y compañeros, les avisaron que los iban a reubicar por 15 días para “refaccionar el lugar”, algo que les llamó poderosamente la atención debido a que las instalaciones eran nuevas. “Nunca nos reubicaron, llegó el último viernes de trabajo cuando el lugar cerraba y nunca nos avisaron a dónde nos iban a reubicar; nos tuvieron una semana sin darnos respuestas con el lugar cerrado. Luego, nos llegaron los telegramas de despido a nuestras casas pero nunca dando algún tipo de explicación”.
Jessica nos contó además, que esta situación se replicó en distintas partes del país donde funcionaban los CDR: “La política del macrismo fue bastante inteligente ya que iniciaron con los despidos en las sedes que están descentralizadas donde hay menor organización de los trabajadores y trabajadoras, no había mucho respaldo en tanto que no tenías más compañeros con quiénes organizarte”.
Sin embargo, ella, sus compañeras y compañeros no se quedaron con los brazos cruzados y emprendieron una lucha por recuperar su trabajo o al menos para exigir explicaciones. Esta lucha se vio truncada: “nos fuimos organizando, tratamos de hacer algunas medidas en el lugar pero fue muy difícil por no tener un respaldo gremial fuerte, el UPCN decidió no hacer mucho quilombo en principio y además al no tener otras compañeras y compañeros de laburo que te salgan a acompañar, cuesta”.
Finalmente, ella se convirtió en una más de las tantas despedidas. Esta es su historia detrás del número, la historia de una persona que todos los días se levantaba para ir a laburar y a quien un día sin previo aviso, le avisaron que ya “no precisaban de sus servicios”.
“Te desmoraliza muchísimo sobre todo por cómo fue, es muy desalentador. En mi caso considero que era una joven privilegiada porque tenía un laburo en blanco, más allá de que la contratación era precaria. Fue como un cachetazo, te desestabiliza económicamente porque es empezar de cero pero también desde lo emocional porque las condiciones de tu vida se alteran, se hace difícil pagar el alquiler y más con todo lo que aumentó.”
Hoy en día Jessica pudo agarrar unas horas para dar clases desde marzo está trabajando sin cobrar. Sobre la búsqueda de trabajo dejó muy en claro su parecer: “Hay una impronta ideológica muy fuerte sobre qué tipo de profesionales se busca en el Estado y no estaría encuadrando en ese perfil…”
Ailén tiene 25 años. Es abogada y trabajaba hace poco más de un año en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Viviendo en La Plata y trabajando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo la oportunidad de estar un poco más cerca de su casa, en Ensenada, y no lo dudó: dejaba de cumplir tareas administrativas para formar parte del nuevo Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en la ciudad de Ensenada, disfrutando el ejercicio de su profesión “para acercar las políticas públicas a los sectores más vulnerables”.
Comenzó a trabajar en el CAJ de Ensenada en noviembre pasado, junto a una psicóloga, una trabajadora social, y dos administrativos/as.
Trabajaba de lunes a viernes de 8 a 14, 14.30hs, dependiendo el volumen de trabajo. Iba conociendo cada vez más gente, aprendiendo todos los días, haciendo de su cotidianidad una experiencia enriquecedora.
Un jueves 10 de marzo estaba trabajando como todos los días, y recibe un llamado de su casa: “volvete que te llegó el telegrama”. En ese momento, en el CAJ solo quedaban dos personas. A los pocos días, llegó el telegrama que faltaba.
Ailén estaba contratada: “no éramos estrictamente empleados públicos, es la precarización laboral que el Estado suele utilizar hace tiempo”. Su contrato como el de tantas/os otras/os no tenía fecha, se renovaba automáticamente todos los años.
Se había mudado en enero. Tenía un sueldo que le permitía poder “darse el lujo de independizarse”. La inflación, la quita de subsidios, y la acumulación de gastos que antes no tenía son factores que diagraman un panorama no muy alentador.
Sin embargo, Ailén no se desanima: “en estos momentos más difíciles es cuando más energía tenes que tener, tenes que focalizarte en algo, para tener energías y poder luchar”. Y no se quedó en palabras. Tradujo la bronca en lucha y organización y comenzó a participar en La Maza, un colectivo que interviene codo a codo con los vecinas/os y otras organizaciones en los barrios populares de La Plata.
Valentina Pereyra tiene 30 años. Nació en Santiago del Estero, La Banda, pero se vino a vivir a La Plata hace unos años ya que en su provincia, tal como menciona ella, la sociedad es muy cerrada y de mentalidad muy machista. Dice que algún día le gustaría volver, pero para dar pelea por los derechos igualitarios y luchar desde su activismo.
Estudió diversas carreras, desde abogacía, educación especial, tecnicatura en ciencias jurídicas, y actualmente se encuentra cursando el profesorado de teatro, aunque le gustaría en algún momento volver a abogacía.
Comenzó trabajando en la Dirección de Políticas de Género en el año 2013 donde fue capacitada en violencia de género. Luego fue trasladada a prestar servicio en el área de migraciones, referida a las identidades y colectividades.
Tiempo después, se crea el programa “Centro Integral para la Mujer Víctima de Violencia” que dependía de Desarrollo Social, en el marco de la Municipalidad de La Platadel cual comienza a formar parte junto a 15 compañeras más.
Ella era la cara visible del centro ya que estaba en la parte de atención al público e informes.
Después de las elecciones el panorama era cada vez menos alentador. Valentina cuenta que ella junto a sus compañeras sospechaban algo. “Calculábamos que este tipo de gobierno iba a venir por todo, pero no tan rápido. Calculábamos que en algún momento nos iban a decir que no nos iban a dar más subsidios o creía que me iban a mandar a trabajar a otro lado, pero no que me iban a dejar sin trabajo”.
Algunos días después del 31 de diciembre ya nadie atendía el teléfono en Desarrollo Social y cuando se acercaron a las oficinas se encontraron con la noticia de que el programa fue dado de baja, y con él las 16 compañeras. “Yo particularmente con otras chicas más nos preocupábamos por la situación de las compañeras más vulneradas que son las compañeras trans, incluyéndome”.
Valentina aún no fue reincorporada, a pesar de las promesas de la nueva funcionaria de políticas de género. Ya pasaron cuatro meses y aún no obtuvo respuestas y es por ello que eligió el camino de la justicia para continuar su reclamo y el de tantas otras compañeras. Tocó puertas en el Municipio, en Provincia, presentó cartas reclamando el cumplimiento efectivo de la ley de cupo laboral trans, inició una acción legal junto a los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Aún continúa esperando alguna respuesta.
Mientras tanto, Valentina busca la manera de reorganizarse no solo a nivel económico sino también en su vida cotidiana, aunque no es la primera vez que debe hacerlo, ella integra ATTTA La Plata(Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros)
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Video de la experiencia de lucha de lxs trabajadorxs despedidos del Puerto La Plata de la ciudad de Berisso, quienes tras acampes y seguidas movilizaciones, consiguieron una conciliación obligatoria con la empresa Tecplata, para lograr su reincorporación laboral.
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“Buscamos que haya más trabajo en el Astillero”
Pablo Florencio, Secretario de Prensa Ate-Ensenada, dio detalles sobre la Asamblea General de Trabajadores de Astillero Río Santiago, que el lunes 25 de abril marcharon hacia la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En una caminata que duró más de tres horas desde Ensenada, con 3500 personas marchando, los reclamos fueron por más y mejores condiciones de trabajo, de la mano de un petitorio a los distintos organismos de gobierno por un aumento salarial y de inversión tecnológica en el Astillero para poder seguir trabajando.
Pablo Florencio, Secretario de Prensa ATE Ensenada
“No vamos a negociar los puestos de trabajo”
Natalia Morales, delegada de ATE del Ministerio de Agricultura Familiar de la Provincia de Jujuy, se refirió a la jornada de lucha que llevan adelante delegaciones de 19 provincias del país en Capital Federal, denunciando el vaciamiento, los despidos y la precariedad laboral del sector. Asimismo, reconociendo que hace años el presupuesto de la agricultura familiar es uno de los más castigados del agro dijo que “no vamos a negociar los puestos de trabajo, es necesario que podamos enfrentar a este gobierno que quiere imponernos el ajuste”. Por su parte Morales denunció también los 250 despidos que se hicieron efectivos en Jujuy, remarcando que muchos de ellos fueron por causas políticas y sindicales y exigiendo la reincorporación ya que esos despidos significan “el vaciamento de la repartición.”
Natalia Morales, delegada de ATE del Ministerio de Agricultura Familiar de la Provincia de Jujuy
“Sufrimos un maltrato cotidiano y el salario ronda apenas los $6500”
Erica Picone, delegada de la Junta Interna de ATE de la Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, explicó que exigen al gobierno local la reincorporación de tres trabajadoras despedidas. Por este motivo, se declararon en estado de alerta, movilización y asamblea permanente ya que con la excusa de “no renovar los contratos, están realizando despidos encubiertos”, sintetizó Picone.
Érica Picone, delegada de la Junta Interna de ATE
“Hay que volver a lo que nos dio origen, que fue la lucha y la solidaridad”
Raúl Godoy, diputado provincial de Neuquén por el Frente de Izquierda, comentó la situación actual de FaSinPat (Fábrica sin patrón): “estamos trabajando con máquinas de hace 35 años, queremos aunque sea modernizar una línea de producción”. Asimismo, detalló las trabas que reciben de los diferentes gobiernos para acceder al crédito o a algún tipo de subsidio.
Con 380 trabajadores y trabajadoras, la ex Zanon “sigue siendo la fábrica más grande del parque industrial de Neuquén” y continúan su labor cotidiana “en defensa de la gestión obrera y los puestos de trabajo”. Finalmente, Godoy expresó su preocupación por el aumento de tarifas ya que pasaran de pagar “300 mil a un millón 600 mil pesos de gas”.
Raúl Godoy, diputado provincial de Neuquén por el Frente de Izquierda
Docentes porteños contra los recortes y la injerencia de las ONGs en la enseñanza
“Cobran un sueldo que paga el Estado porteño cuando al mismo tiempo recortan salario a los docentes”
María Isabel Grau, secretaria de prensa de Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), se refirió a la denuncia realizada contra una ONG estadounidense por su injerencia en escuelas públicas porteñas colocando “co-docentes” al sistema educativo. “Cuando reclamamos por la necesidad de tener parejas pedagógicas en las aulas se nos responde que no hay presupuesto, sin embargo a estas ONGs se les paga”, expresó Grau.
María Isabel Grau, de Ademys
Organizaciones sociales contra el hambre en el marco del Paro Nacional
Ricardo Fernández, Vocero del sector territorial del Frente Popular Darío Santillán, se refirió a la movilización federal contra el hambre realizada por un amplio marco de organizaciones sociales en coincidencia con el Paro Nacional de estatales del martes 19 de abril. Asimismo con el último paquete de medidas presentado por el gobierno nacional: “venimos anteriormente precarizados, con sueldos muy bajos y nos encontramos con tarifazos en los servicios, en el transporte y subas en precio de alimentos; y ahora nos dicen que nos descuentan 15 por ciento del IVA a alimentos, y que les pagará 500 pesos por única vez a los jubilados. Esta realidad ya la vivimos: el gobierno intenta paliar insuficientemente las consecuencias de lo mismo que provoca”. Por último, planteó que a pesar de un fuerte cerco mediático frente a las necesidades de los sectores populares, la gente comienza a descreer de la hipocresía del gobierno y empieza a salir a protestar.
Ricardo Fernández, del Frente Popular Darío Santillán
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Ni una menos: despidos y vaciamiento de las políticas de género
Como todos los primeros de mayo se conmemora el día del trabajador y la trabajadora. Una jornada que paradójicamente propone disfrutar un día sin trabajo, pero no sólo eso. También, y mas importante, es la invitación a movilizar y reflexionar. Este domingo muchos trabajadorxs deberán hacerlo desde la desocupación.
En los últimos meses, se han sucedido muchos despidos en puestos de trabajo del Estado, algunos, afectan directamente a las políticas públicas ya que generan un vaciamiento de dichas políticas. Desde el rol de desocupadas, deberán pasar la jornada del primero de mayo las despedidas de la Dirección de Políticas de Género y de Derechos Humanos de La Plata. Lo que presenta una doble problemática, por un lado la cuestión de la pérdida del trabajo y por el otro el derecho vulnerado en materia de género que debe garantizar el Estado. Traducido a la realidad no es mas que personas que se quedan sin trabajo y políticas públicas que no tienen efecto.
El pasado siete de Abril, una de las trabajadoras del municipio de La Plata, María Victoria Santos, que se desarrollaba en la Dirección de Políticas de Género fue despedida. María fue desafectada de su trabajo luego de trabajar tres años en ese lugar y sus últimos meses -a partir de un pedido de los funcionarios-en la Dirección de Derechos Humanos. Cabe aclarar que su trabajo estuvo bajo la modalidad de “mensualizada”, forma de relación laboral con la que el personal se encuentra en situación de inestabilidad, sin reconocimiento de antigüedad ni posibilidades de ascensos.
La noticia de que no se le había renovado su contrato fue dada por las funcionarias encargadas de las distintas áreas, Derechos Humanos (Elva Aranda) y la Dirección de Políticas de Género (Valeria Venturín), luego de su jornada de trabajo.
Desde un comunicado, trabajadores y trabajadoras de Políticas de Género y de Derechos Humanos se refirieron al “maltrato reiterado y la descalificación de las tareas que realizamos todos los trabajadores de estas dependencias”, así como “la intención de efectuar cambios de tareas arbitrarios y las exigencias de cumplir doble tarea”.
Desde la Junta Interna de ATE señalaron que esto se da en un contexto de “amedrentamiento a la trabajadora, quien luego de haber sido juzgada ofensivamente en el desempeño de sus tareas, fue llamada aparte del resto de las/os trabajadoras/es, luego de su jornada laboral del día, donde le informaron que estaba despedida y que debía retirarse de la dependencia municipal”. Además dijeron que constataron “que el contrato no fue dado de baja, lo que evidencia la intención de que la trabajadora abandonara su lugar de trabajo para justificar luego el despido”.
Precarización laboral, despidos y políticas de género precarias
Lorena Vázquez y Valentina Pereyra también eran empleadas municipales hasta hace algunos meses. Al Igual que Victoria Santos, ellas, eran empleadas contratadas de manera “mensualizada”. Lorena trabajaba en la Dirección de Derechos Humanos, desde 2011 y sus renovaciones se hacían cada tres meses, hasta que en diciembre le comunicaron que fue rescindida.
Por su parte, en el caso de Valentina, sucede que no existe la implementación efectiva de la ley 14.783 de cupo laboral trans la cual se exige desde que fue apartada de su trabajo, a principios de este año. Algo parecido le ocurre a Laura Moyano, una joven trans que es vicepresidenta de la Asociación Civil OTRANS y que además en el momento de ser despedida se encontraba internada en el hospital a causa de un ataque transfóbico.
Lo mismo le sucedió a Vanesa Rial, quien había comenzado a trabajar en el espacio que atendía a mujeres víctimas de violencia de género justamente luego de sufrir violencia en su propia casa, ejercida por su ex pareja, Jorge Martínez Poch, quien la sometió a abusos, golpes y hasta la tuvo secuestrada. Vanesa se encontraba en el hospital cuando fue despedida. Hoy, las despedidas se están organizando para exigir la restitución del Programa y para recuperar sus puestos de trabajo.
Si no es en el trabajo y el género, ¿Dónde esta la prioridad?
En el marco actual, parece que la respuesta de lxs funcionarixs del Estado a la “demanda social” desprendida del “Ni una menos” son despidos y eliminación de derechos.
Por un lado parece que el ajuste que viene aplicando el actual gobierno no solo se traduce en tarifas más altas, bajos sueldos y despidos, sino que lleva consigo el vaciamiento de las políticas públicas respecto al género.
Existe hace un tiempo la denuncia por parte de organizaciones sociales y de género de que la Dirección de Políticas de Género del municipio viene siendo vaciada, desde la gestión anterior de gobierno, y también, bajo la nueva gestión del PRO, que no ha mostrado acciones que cambien este camino.
El ex gobierno de Bruera fue criticado por estos sectores ya que cerró el refugio municipal destinado a las mujeres en situación de violencia de género y este espacio aún sigue sin reabrirse, bajo la gestión de Garro.
En enero de este año por orden del actual intendente se cerró el Programa “Centro Integral para la Mujer” ejecutado en la ONG Las Mirabal lo cual implicó el despido de todas las trabajadoras/es del programa. Desde la ONG a través de un comunicado tuvieron que pronunciar que “Desmentimos que las trabajadoras/es afectadas al programa Centro Integral Para La Mujer sean “ñoquis”, las 700 mujeres que semanalmente se incluyeron en el programa pueden dar cuenta del trabajo realizado y el serio compromiso que todas/os los trabajadores han tenido con su tarea”.
Por otro lado, a nivel nacional existe también un retroceso en términos de derechos adquiridos por los y las trabajadoras en torno a las políticas de género, lo que también genera perdidas de puestos de trabajo puesto que las políticas públicas son mas que letras en una hoja y su implementación en concreto se traduce en puestos de trabajo.
Aquí se hace referencia a la medida tomada por el gobierno de disolver por decreto el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a través de la modificación del Decreto N° 357/2002 que reglamentaba la ley 25.673. Esta ley creaba el programa que se había creado en 2002 y que era fruto de la lucha y los reclamos históricos del movimiento de mujeres y LGTBIQ en el país.
Este programa tenia como objetivo promover igualdad de derechos, contribuir al acceso a una atención integral de salud sexual y reproductiva, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de las y los adolescentes, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual.
Todo esto, se da en el marco de un nuevo gobierno que llegó al poder de la mano del discurso de progreso para los trabajadores y de lucha contra la violencia de género pero cuando asumió eliminó un organismo público que debía garantizar el cumplimiento de derechos a las víctimas de violencias de género. En este sentido, el ajuste que comienza con la “priorización” de a donde se destina la plata del Estado, y el presupuesto a los distintos estamentos del Estado, lo que muchas veces desencadena en la reducción de puestos de trabajo y hasta la eliminación de algunos organismos.
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Hay historia en este barrio
Una historia en la que un personaje conectará el pasado con el presente del barrio Nueva York de Berisso: cuna del peronismo que vivió sus años dorados con las instalación de los frigoríficos Swift y Armour. Hoy el barrio Nueva York guarda los secretos más increibles de nuestra historia… historia que de a poco se va olvidando con el avance de la Nueva Terminal de Contenedores (TEC – Plata).
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=bnNK5IKMj7w