imagen Lawfare en Ecuador y elecciones postergadas en Bolivia

Columna de política internacional con Francisco Castaño para A Todo Resumen
[audiohttps://archive.org/download/200724-esteban-rodriguez-vecinocracia-microfascismos/200724-Columna-Internacional.mp3]
En un Ecuador convulsionado por la pésima gestión de la pandemia por el Gobierno de un debilitado Lenín Moreno, tuvo lugar un nuevo capítulo de la persecución judicial o “lawfare”. El Consejo Nacional Electoral suspendió a cuatro partidos políticos por supuestas irregularidades: Juntos Podemos, Libertad es Pueblo, Justicia Social, y Fuerza y Compromiso Social (partido al que pertenecen Rafael Correa y Revolución Ciudadana). La suspensión nació por recomendación de la Contraloría, luego de hallarse supuestas inconsistencias en el proceso de validación de firmas para su inscripción, de cara a las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021. Las organizaciones tienen ahora diez días para remitir sus pruebas de descargo y alegatos.
Por el lado de Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergó la fecha de las próximas elecciones presidenciales para elegir a quien sucederá a la presidenta interina de facto Jeanine Áñez, luego del golpe de Estado que sufriera el Gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019. Programadas inicialmente para mayo de este año, las elecciones fueron postergadas en primer lugar para el 6 de septiembre y ahora fueron fijadas para el 18 de octubre, debido a “consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico”, según argumentó el TSE, en el marco de la catástrofe social que recae sobre el pueblo boliviano por el muy mal manejo de la pandemia frente al Covid-19 por parte del Gobierno.
Cabe agregar que el oficialismo boliviano, encabezado por Áñez, presentó al TSE una demanda para suspender al Movimiento al Socialismo (MAS) de estas elecciones. El motivo es que el candidato del MAS, Luis Arce, habría difundido en una entrevista televisiva una encuesta propia, lo que en Bolivia constituye un delito electoral y se sanciona con la inhabilitación. Queda en manos del TSE, integrado por personalidades elegidas en enero tras un acuerdo de todos los partidos, la decisión final.

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