En Primera Maraña, programa coproducido por Radionauta y Pulso Noticias, dialogamos con Ignacio Porras, licenciado en Nutrición y Director Ejecutivo de la Fundación SANAR, en relación a la implementación de la ley de etiquetado frontal que comenzará a partir del 20 de agosto.

Para Porras, “esta ley nos viene a traer el acceso a tres derechos: el derecho a la información, a la alimentación adecuada y a la salud”. Y agregó que estos derechos han sido vulnerados hace varias décadas por la industria alimentaria y por este sistema alimentario: “estamos comiendo cosas y no comidas, diseños industriales que tienen exceso de nutrientes críticos y, por como se ofrecen en el mercado, no advierten sobre ningún riesgo. Esta ley nos permite tener más información para compras y consumos conscientes y más libres”.

Esta ley establece el etiquetado de los paquetes de los productos que adviertan sobre la presencia excesiva de nutrientes críticos que “están íntimamente relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las principales causas de muerte en nuestro país”. A partir del 20 de agosto se empezarán a observar los primeros octógonos pero, para Ignacio Porras, recién “vamos a empezar a vivir una transición”.

“Hay un montón de factores que hacen a una gradualidad para la aparición de los sellos. Esta ley no es confiscatoria, va a permitirse que se terminen los stocks de los productos elaborados antes del 20 de agosto, las Pymes tienen la obligación de etiquetar sus productos en febrero de 2023, hay prórrogas que corren para las grandes empresas, que les da un plazo de hasta 180 días. No hay información sobre los nombres y apellidos de esas prórrogas y eso complica esta transición”, señaló Porras.

En relación a la resistencia que tuvo la ley entre las empresas de la industria alimenticia, Porras planteó que, en nuestro país, “el lobby fue incansable”: “el trámite legislativo se hizo muy, muy largo, durante la reglamentación también lo fue y lo sigue siendo hoy”.

Además, según el Director Ejecutivo de SANAR, hubo una intención de instalar que se trataba de una ley elistista, con implicancias sólo para los sectores con mayor poder adquisitivo, que podían elegir qué comprar y qué dejar de consumir. “Hubo una negociación acerca de cómo salía la ley que implicaba que las empresas se sienten a discutir los precios máximos de los productos. Y eso fue siniestro, porque lo que estaba en juego eran los derechos. Se alimentó esa falacia que plantea ‘che, con el hambre que hay en la Argentina, la gente no tiene qué comer, ¿vamos a pensar en etiquetar productos?’. Y, en realidad, esta ley viene a darle respuestas directamente a las personas de bajos ingresos, que son las más expuestas al consumo de este tipo de productos. Además de mejorar la asistencia alimentaria del Estado que, en tiempos de crisis económica, va a ser mayor. Poder articular una serie de políticas para que el Estado, a partir de ahora, no llene panzas sino que nutra cuerpos”, señaló Porras.

A su vez, como recomendación para les consumidores, planteó que “cuanto menos paquetes en nuestra vida mejor, cuanto más cerca de los alimentos naturales o mínimamente procesados, mejor”.