En Prohibido Cumbia, conversamos con Natalia Morales, convencional constituyente del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda Unidad en Jujuy, acerca de las masivas movilizaciones que se vienen dando en la provincia en contra de la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales.
“Me parece muy importante dar cuenta de que Morales, con el aval del PJ, quiere reformar la Constitución provincial. Es un circo como la han tratado, duró menos de 15 días el trabajo en comisiones, incluso cerrando y censurando debates de temas importantes como la criminalización de la protesta. Quieren dejar como herencia un régimen totalitario. La consigna que cada vez resuena con más fuerza es “Arriba los salarios, abajo la reforma”. En las calles hay un rechazo a este proyecto del gobierno de Jujuy. Y miles de personas están en la calle enfrentando a este gobierno, que durante años ha hundido en la pobreza a miles de personas con condiciones de precariedad laboral y de la vida absolutas”, señaló Morales. “Si hay que dar cuenta de algo acá en la provincia de Jujuy es que se ha perdido el miedo al gobierno, y eso lo vienen demostrando los cinco días de huelga por tiempo indeterminado, las acciones masivas día a día, no sólo de la docencia sino también de otros sectores sociales: trabajadores de la salud, municipales, estudiantes, comunidades originarias”, afirmó.
En relación a los avances en contra de los derechos constitucionales a la protesta, Natalia Morales señaló que la reforma incorpora al vigente código contravencional con carácter constitucional en la nueva carta magna “En la provincia está vigente un régimen contravencional iniciado en el gobierno de Morales, incluso un código que fue aprobado durante el peronismo con el aval de la UCR. Ese régimen con la reforma constitucional va a tener carácter constitucional y ha sido y es una herramienta que permite la criminalización de la protesta. El decreto que ha sacado en estos días Morales, que anunció que daba marcha atrás, eso sigue vigente”.
La entrevista se dio unos días antes a la aprobación de la reforma en la Legislatura jujeña, a puertas cerradas, en medio de masivas movilizaciones en rechazo a la propuesta, sin debate, de espaldas a la sociedad, y en una alianza entre el gobierno de Morales y la bancada del PJ. Cuarenta y ocho horas antes, Natalia Morales señalaba cuál era el reclamo: “El planteo que vienen haciendo distintos sectores, mandatos de asamblea, direcciones sindicales tiene que ver con tirar abajo esta reforma. Desde nuestro espacio político, el PTS en el FIT-U, junto con otros sectores, venimos planteando esta pelea, que hay fuerzas para tirar abajo la reforma, y que la convocatoria a paro general de la CTA y la CGT es algo que le da fuerza al reclamo. La convocatoria del viernes es una medida más de una serie de movilizaciones que se vienen dando todos los días. Ayer hubo jornada de lucha sindical con movilizaciones; la semana pasada, todos los días, hubo acciones y movilizaciones masivas; hoy, hubo permanencia de la docencia en las rutas”. Morales señalaba lo tardía de las respuestas de las centrales sindicales, en el medio se dio la aprobación de la reforma y se precipitaron los hechos.
Las protestas recrudecieron y se masificaron, los cortes de ruta por parte de trabajadores y comunidades originarias se desarrollaron a lo largo y ancho de la provincia. Y a eso, le sucedió la represión. En Abra Pampa, tres veces; en La Quiaca, en Purmamarca. Se desconocen cifras oficiales de heridos. De la zona de la Quebrada de Humahuaca las personas detenidas fueron trasladadas en varias camionetas de la Policía a la ciudad capital, entre ellas la propia Natalia Morales ; la referente de derechos humanos Fabiola Suárez; el delegado de INADI en Jujuy, Walter Soriano; el comunicador Camilo Haro Galli; Isabel Cruz, de la comunidad barrio 18 Abril de Purmamarca; Cristian Oviedo, un turista que llegó de Buenos Aires; Luciano Godoy, periodista de la Izquierda Diario; Carmen Benicio y su hija Gabriela Benicio, y los referentes comunitarios Santiago Lamas, de Paso Colorado, Agua de Castilla; Marino Callata, presidente de Rinconadillas; Vanesa Vargas; Ricardo Lauriciano, del Pueblo Tilián; Gabriela Guari, de la Comunidad Río Grande; Ismael Vásquez, de Abra Pampa, y Robinson Suárez, referente del Tercer Malón de la Paz.
“Nosotros planteamos que Jujuy es un laboratorio de la criminalización de la protesta y de la represión. Cuando salió el proyecto de reforma constitucional, que fue propuesto el año pasado por Gerardo Morales, en el marco de su carrera presidencial, en el marco de una agenda de derecha que vienen agitando sectores del oficialismo y la oposición de derecha. Claramente es un laboratorio para hacerlo extensivo a nivel nacional, pero Jujuy también está siendo el laboratorio de la resistencia de los sectores populares ante el ajuste y el avance contra sus derechos”, concluía Morales
Foto: Susi Maresca .