Luego de lo ocurrido en las últimas horas en las causas judiciales contra dirigentes de distintos movimientos sociales, desde “Malos Perdedores” dialogamos con Sebastián Montiel, militante del colectivo de abogados populares “La Ciega”, de La Plata

El 10 de diciembre  del año pasado Javier Milei asumía la presidencia luego de la victoria en ballotage del mes anterior y toda una serie de alianzas durante esas semanas que llevaron a Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad. Fue apenas 4 días después de la asunción que la funcionaria presentó el “protocolo antipiquetes”, dirigiendo todas las miras de su cartera hacia el movimiento piquetero: las organizaciones sociales que construyen comedores en los barrios, asambleas, apoyos escolares y que generan cooperativas de personas que trabajan por cupos sociales. 

En los días previos a la primera marcha piquetera, que también sumó a partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, aquel 20 de diciembre, el gobierno lanzó todo un aparato de terror: parlantes en las estaciones de trenes y pantallas que aseguraban que quien participara de la movilización ese día sufriría represión y si cobraba algún plan social, se le sería quitado. 

Ese fue el puntapie inicial de una persecución política sin precedentes en la democracia argentina. A partir de allí comenzaría a actuar la inteligencia del Estado y la justicia, con celulares pinchados a dirigentes sociales y escuchas, con el trabajo sobre las denuncias que se recibieron al teléfono 0-800 que había puesto a disposición el gobierno, y una denuncia penal de Bullrich contra algunos de los movimientos. Luego vinieron allanamientos a casas particulares y locales, secuestro de teléfonos, computadoras y dinero, congelamiento de cuentas de las cooperativas, entre otros métodos. 

Novedades

La causa contra algunos movimientos sociales del país radica en  el Juzgado Federal N°7 de Capital Federal a cargo del juez Casanello y la investiga el fiscal Gerardo Pollicita. A primera hora del lunes se conocieron novedades en las causas, donde por un lado se imputó y llamó a indagatoria al líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y por el otro se procesó al dirigente del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni, a militantes de Barrios de Pie, entre otros. 

Otra de los movimientos que habían sido allanados y se encontraban en investigación es el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que tiene una importante construcción en La Plata. A diferencia de las otras dos organizaciones, a los referentes que habían allanado e investigado de este movimiento ayer se les dictó la falta de mérito. Desde Pulso Noticias y Radionauta entrevistamos a un representante del colectivo de abogados y abogadas “La Ciega”, quienes los representan. 

Sebastián Montiel es uno de estos militantes que contó acerca de la representación a cinco imputados del FOL, que comenzaron a intervenir cuando se realizaron los allanamientos: “Hubo una redada sin previo aviso de la Policía Federal que irrumpió en las casas de ocho diferentes compañeros y compañeras de manera bastante violenta, para hacerles un allanamiento. Se metieron en sus casas, donde dormían con sus familias, les secuestraron teléfonos y computadoras. A partir de ese día nos enteramos de la causa en trámite y asumimos formalmente la defensa”, introdujo.

La novedad esta semana tuvo que ver con algunas decisiones del juzgado, donde se dictó el procesamiento de todos los imputados del Polo Obrero y de Barrios de Pie y se dictó la falta de mérito a los del FOL. “Esto quiere decir que el juzgado entendió que después de seis meses y medio de investigación no encontró prueba alguna para acusar de delito alguno a nuestros compañeros y compañeras”, expresó Montiel respecto a sus cinco representados y expresó que es una situación jurídica distinta de la del resto de los imputados y detalló que durante el proceso judicial desde hace varios meses los militantes tienen sus cuentas embargadas, sus tarjetas inhibidas, la obligación de presentarse al juzgado todos los meses, y no se pueden ausentar de sus domicilio, entre otras cuestiones”. 

Esta situación se confirmó para el resto de los imputados pero no para los del FOL, a quienes se les dictó la “falta de mérito”. “Si bien nos pone contentos por nuestros compañeros porque es una enorme injusticia, no deja de generarnos preocupación e indignación porque hay compañeros de otras organizaciones que siguen sometidos a procesos”. 

¿Cuál es la lectura política que hacen desde La Ciega del avance represivo del gobierno, luego de estos allanamientos mientras que desde el ministerio de capital humano siguen sin distribuir cinco toneladas de alimentos?

“El avance represivo desde que asumió Milei es de una gravedad bastante inusitada. No solamente para esta causa sino por una cantidad de causas muy grandes contra las organizaciones sociales, donde no se criminaliza hechos puntuales sino se juzga y se somete a proceso a dirigentes de organizaciones por el simple hecho de pertenecer a las mismas. Es algo que no es tan conocido públicamente, a diferencia de esta  causa con los movimientos, pero hay muchísimas causas que se dan en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país. Por ejemplo, hace 10 días en la ciudad de Neuquén hubo un allanamiento donde detuvieron a 10 compañeras, solamente para identificarlas. Fueron a la madrugada, las allanaron, las llevaron esposadas a la comisaría a 10 referentas de barrios y las tuvieron durante horas en un patrullero esposadas con el único fin de identificarlas, cuestión innecesaria. Es decir, una situación de criminalización y represión que se vive en nuestro país de una gravedad bastante importante. Y señalo la criminalizacion porque despues está todo lo otro: lo protocolos antipiquetes, la represión, los detenidos y que les imputan delitos absurdos como terrorismo o intento de golpe de estado. Es muy grave”. 

¿Se trata de un ataque y un amedrentamiento a organizarse?

“En esencia de lo que se trata es de amedrentar a las organizaciones sociales y a la población en general. Allá el 20 de diciembre cuando en las estaciones de trenes había altoparlantes que amenazaban que quienes iban a la movilización iban a ser reprimidos y se les iba a quitar el  plan. Eso es amedrentamiento. Y esta causa también. Están armadas por denuncias anónimas que luego no son ratificadas, que son generalidades, que yo creo que con el tiempo se van a terminar cayendo, pero en el medio someten a los dirigentes, los atemorizan, los intimidan, te obligan a ocuparte de estar pensando en la causa y no en cómo resolver los problemas del barrio.  Es para infundir miedo y para desmovilizar. No hay otra forma que las políticas que lleva adelante el gobierno cierren, es decir, que el ajuste más grande de la historia, del que se jacta este el gobierno, no sería posible sin represión y sin atemorizar a la población en general”. 

¿Podés expresar más detalles de la causa? ¿Qué es lo que el juez observa para esta decisión? 

“A los compañeros del FOL no les dictaron el sobreseimiento, que sería la desvinculación definitiva del proceso, sino que es la ‘falta de mérito’, se los investigó y se los escuchó, se leyó la prueba y a este momento no encuentran pruebas para acusarlo de ningún delito, pero no les dictan el sometimiento, es decir no los desvinculan definitivamente, eso puede pasar en los próximos meses y esperemos que así pase. En líneas generales lo que se los acusa  a los movimientos sociales es de defraudación y de coacción. Es decir que la justicia a través del juez Casanello y Pollicita entienden que pedir aportes a los compañeros de las organizaciones es algo coactivo. Todas las organizaciones por lo general solicitan aportes a sus integrantes para poder pagar alquileres, fletes o gas o un montón de cosas que necesitan para resolver la vida cotidiana de los barrios. Solemos hacer el paralelo con la biblioteca del barrio, que si te cobra un dinero para hacerte socio ¿te está coaccionando? Nos parece ridículo. Cada integrante de una organización se suma y participa porque así lo decide, libre y voluntariamente. Si no querés estar en la organización, te vas a otra o a ninguna. Nadie obliga a nadie a estar. Ahora, si querés ser parte de una organización y esta tiene como regla de convivencia que hay que hacer un aporte para poder solventar un montón de gastos que la organización se hace cargo, hay que hacer el aporte. Si uno hace el aporte, lo tienen que hacer todos, sino no funciona en ningún tipo de organización. Sin embargo, coacción significa obligar a alguien a algo. 

La otra cuestión es la defraudación. El Juez Casanello acusa al Polo Obrero y a Barrios de Pie de que los fondos que ha recibido en el último tiempo los ha desviado a otros fines distintos para los que fueron entregados. No tenemos la información para opinar puntualmente de eso pero no deja de llamarnos la atención que en este país que venimos desde María Julia Alsogaray a Insaurralde, quienes sean denunciados de corrupción sean dirigentes del movimiento piquetero. Sobre todo porque tanto el fiscal como el juez reconocen que ese desvío de fondos no habría sido utilizado para enriquecimiento de ningún dirigente”. 

Hubo allanamientos en Buenos Aires pero también en Neuquén y en otros lugares, ¿cómo funciona ese entrelazamiento entre un cambio de gobierno y el accionar del poder judicial, como dos poderes independientes supuestamente?

“En principio el poder judicial es independiente pero eso es una cuestión relativa y no absoluta. Los jueces y los fiscales para llegar a ser tales necesitan la designación del Consejo de la Magistratura, que está compuesto, entre otros, por representantes de las cámaras de Diputados y Senadores. Después esa propuesta tiene que ser aprobada por el gobernador o por el presidente o por el Congreso. Entonces si bien es un poder independiente, tiene una íntima relación con los gobiernos de turno o con el poder político. De hecho no es causal que el presidente proponga como juez de la Corte a un juez federal, polémico (en referencia a Ariel Lijo). Siempre existe una relación y un hilo que conduce de lo político a lo judicial. Pero además la justicia siempre observa esos cambios de humor o climas. No necesariamente tiene que haber un llamado o una presión, a veces es la misma justicia que lee los cambios de rumbo político; entonces en función de eso impulsa o retoma con fuerza causas que por ahí en otro contexto político duermen en los cajones de tribunales.Después también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con logística, es decir, por ejemplo, para esta causa contra los movimientos sociales en la que intervenimos nosotros, el Poder Ejecutivo ha puesto a disposición de la Justicia un montón de recursos que no los ponen para otras causas, por ejemplo de trata o de narcotráfico. En esta causa Gendarmería se ofreció a desbloquear los teléfonos de nuestros compañeros en tiempo récord, a abrir las computadoras y extraer sus registro en tiempo récord y se han intervenido los teléfonos y un montón de cuestiones fundamentales de logística”.