En Otro Fin Del Mundo, conversamos con Daiana Melón, trabajadora del INTA y Sebastián Fajardo, delegado de ATE en el organismo, acerca de la situación de vaciamiento que busca imponer el gobierno, cómo lo vienen atravesando sus trabajadores y las peleas que vienen dando en defensa de su trabajo.
“El INTA es una institución que está a punto de cumplir 70 años. Lo que tiene de particular la institución, a diferencia de otras instituciones de ciencia y tecnología, es que tienen una parte de investigación y toda otra parte que es de extensión rural, que se trata de estar en territorio, en vínculo con las familias productoras, acercando muchas de las investigaciones que se desarrollan en el INTA, hacer acompañamiento desde lo técnico y, también, desde lo social, acercando al territorio políticas públicas que tienen que ver con lo productivo, pero también con la salud, con la comunicación”.
“El INTA fue creado con la intención de investigar y desarrollar tecnologías más vinculadas al modelo agroexportador de nuestro país, lo hegemónico dentro del INTA es esto. Los que estamos acá venimos de la pequeña parte del INTA que tiene que ver con la agricultura familiar”.
“Quienes trabajamos en el otro sector, el que trabaja con la agricultura familiar, campesina e indígena, entendemos que la ciencia debe estar al servicio de esos sectores, que la educación pública debe estar al servicio de esos sectores y eso es lo que desarrollamos desde el INTA. A muchos sectores, el Estado sólo llega a través del INTA. Y lo que vino a hacer Milei, directamente, fue desguazar este sector”.
“Este gobierno, desde que asumió, ha venido atacando en general a todos los organismos del Estado nacional. Se han llevado puesto organismos vinculados a la cultura, como el INCAA, el caso de Télam, el Inafci, todo lo que tiene que ver con Desarrollo Social. Y después, empezaron a encontrar con otros organismos más robustos, con organigramas internos más complejos, con la autarquía y el INTA es uno de esos casos. El año pasado arrancaron con el tema del cierre de dos programas muy importantes para hacer trabajo en el territorio, como Cambio Rural y Prohuerta. El INTA se achicó en su planta un 10% durante el año pasado, a través de retiros voluntarios”.
“¿Cómo se trabaja en este momento? La verdad es que se trabaja muy mal. Sumado a que no hay plata para trabajar, hay un decreto, que no sabemos si va a prosperar, donde las unidades en las que trabajamos ya están cerradas. No te queda claro cuál es tu jefe, cuál es tu línea de trabajo. Tuvimos que hacer traslados hace un par de meses, nos cambian la función. Ese es el contexto: no nos echan, no han logrado echarnos porque estamos en la calle, dando la pelea en un montón de frentes, con salarios muy malos”.
“Tenemos un decreto que el 585 que suprimen las estructuras vinculadas a la agricultura familiar, tanto de extensión como de investigación, lo que deja a la gente pasada a disponibilidad. El viernes pasado, a pesar de contar con una medida favorable de la Justicia de no innovar por seis meses, el gobierno decidió hacer listados de pase a disponibilidad, que dan cuenta de una persecución política para el sector que trabajamos con la agricultura familiar”.
“El jueves estábamos festejando esta victoria legislativa y ya los tipos estaban largando esos listados. Entendemos que también tiene que ver con una estrategia comunicacional, de que se hable de eso. Ver tu nombre en los listados es un bajón, un terrible bajón. Igual la autoestima de los compañeros es bastante alta. Las movilizaciones que hemos tenido han sido históricas. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la organización, que están buenas, hay que ponerlas en valor. Y ya hay un saldo organizativo de gurpos, asambleas, que van llevando adelante acciones, ganado en confianza”.
