El lunes se viralizó un comunicado sobre una activista ambiental apresada durante un evento. Para conocer en profundidad lo que sucedió y cómo funciona el extractivismo, hablamos con otra compañera de las asambleas: “La megaminería instala escenarios de dictadura, es un estado de ocupación: genera sus propias leyes, sus propias dinámicas”

La calma de Villa Castelli, un pequeño pueblo al oeste de La Rioja, se rompió el lunes pasado con un evento del gobierno provincial de Ricardo Quintela y pro minero-empresarial que tuvo consecuencias inesperadas: la detención arbitraria de Jenny Luján, una militante ambientalista. Este hecho desató una movilización inmediata de vecinos y activistas, exponiendo las tensiones subyacentes entre las políticas extractivistas impulsadas por el gobierno provincial y la histórica resistencia de las comunidades locales como en Famatina.

En una entrevista con Pia, activista de las asambleas ambientales, con Radionauta, contó que el evento excluyó por completo a la ciudadanía. “Era un espacio cerrado, diseñado para aparentar transparencia, pero donde no había participación de las comunidades que serían afectadas directamente”, explicó. Durante el evento, se discutieron los avances de nueve empresas y se presentaron informes de estado sobre al menos siete proyectos mineros previstos para la región.

Mientras tanto, fuera del recinto, integrantes de diversas asambleas se manifestaban pacíficamente, denunciando el avance del extractivismo y desplegando banderas con consignas como “Famatina no se toca”. Fue en ese contexto que Jenny Luján fue detenida sin motivo alguno. “No había cometido ningún delito. La tenían privada de su libertad como una forma de intimidación”, aseguró Pia. La presión social y la rápida viralización del caso en redes sociales forzaron su liberación pocas horas después. No le imputaron cargos, un logro que las asambleas atribuyen a la solidaridad y organización colectiva.

Dieciocho años de resistencia

La lucha contra la minería en La Rioja no es nueva. Desde 2006, cuando Barrick Gold intentó explotar un yacimiento en las sierras de Famatina, los pueblos han resistido las políticas extractivistas en defensa del agua. Sin embargo, afirmó la activista ambiental, todos los gobiernos provinciales han mantenido la continuidad de estas políticas, presentando la minería como un motor de desarrollo económico. “Aprovechan la necesidad de las comunidades para prometer trabajo, pero esas promesas son efímeras. Al principio sí, pero luego, en la etapa de explotación, la mano de obra local casi no es contratada“, señaló Pia, citando el caso del proyecto José María, una mina de capitales extranjeros cercana al límite con San Juan.

La pandemia de COVID-19 dio un nuevo impulso al extractivismo en la provincia. Mientras gran parte de la población estaba confinada, la minería fue declarada actividad esencial y continuó operando sin interrupciones. En este contexto, el gobierno provincial intensificó su narrativa sobre el desarrollo minero, firmando incluso un convenio entre los ministerios de Educación y Minería para introducir contenidos sobre minería en las escuelas. “Es una estrategia para lavar la cara del extractivismo en espacios de construcción de ciudadanía, como la escuela pública”, criticó Pia.

El agua como motor de la resistencia

El avance de la minería no es el único problema que enfrentan las comunidades. La Rioja sufre una sequía extrema agravada por el monocultivo de especies exóticas como el pistacho, que requiere pozos de perforación que secan las napas. “El agua es lo que nos moviliza. La idea de desarrollar mega minería en las cuencas de la provincia, donde nacen nuestras fuentes de agua, nos pone en alerta”, afirmó Pia. 

Mientras en la capital provincial muchas familias dependen de camiones cisterna para abastecerse de agua, el gobierno nacional en 2022 firmó contratos con  la empresa israelí Mekorot. El hecho de ser una de las provincias con menores recursos hídricos del país, el acceso de esta multinacional implica la pérdida de soberanía sobre las aguas subterráneas, las redes hogareñas, ríos y fuentes de riego.

Para Pia, el extractivismo va de la mano con la erosión de la democracia. “A mayor extractivismo, menos democracia. La mega minería instala escenarios de dictadura, es un estado de ocupación: genera sus propias leyes, sus propias dinámicas y profundiza la corrupción del Estado”, advirtió. Sin embargo, confía en que la resistencia histórica de las comunidades seguirá siendo un obstáculo para el avance de estos proyectos.

Una demostración de fuerza colectiva

La detención de Jenny evidenció las tensiones crecientes en La Rioja. Para Pia, fue una muestra de que “no hay licencia social” para la minería en la provincia. Las movilizaciones que se desataron son un recordatorio del poder de las comunidades organizadas y de su capacidad para enfrentarse a intereses empresariales y gubernamentales.

En palabras de Pia, “todavía estamos a tiempo. La resistencia histórica de los pueblos es una muestra de que el agua, como fuente de vida, sigue siendo un límite innegociable para quienes habitamos este territorio.“