n la columna de Economía Política de primera Maraña, Mariano Féliz analiza las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo el martes 12, en una conferencia de prensa grabada donde condensa en diez puntos los principales lineamientos económicos del gobierno de Javier Milei.

En primer lugar, el espacio dedicado a los anuncios fue breve, estuvo acompañado de un momento inicial donde se diagnostica el estado de situación de la economía argentina y la “herencia” que reciben del gobierno de Alberto Fernández. En ese diagnóstico señalan que el déficit fiscal es el principal problema de la economía nacional y que las medidas a implementar vienen a corregir esa variable.

Lo más saliente de los anuncios pasa por una devaluación del dólar oficial que pasa de unos $385 a $800, con impacto en otras cotizaciones (como el dólar tarjeta que pasa a rondar los $1300) y en los precios de productos importados y exportables con el consecuente aumento de la inflación. Ya han venido subiendo alimentos y combustibles (que tuvieron aumentos en torno al 40% esta semana).

A su vez, Caputo planteó que se termina la obra pública estatal y que se circunscribe a la iniciativa privada a partir de ahora. Esto afecta a las obras que aún no hayan iniciado, lo que puede generar controversias legales porque hay licitaciones y contratos firmados y la medida afecta los derechos adquiridos de los proveedores. Este punto tiene un fuerte impacto en el empleo del rubro de la construcción, a lo largo de todo el país, y del empleo indirectos de sectores que brindan servicios a las empresas constructoras.

Otro de los anuncios tiene que ver con la rescisión de contratos de personal del Estado firmados durante el último año. Una medida algo vaga y genérica, que no termina de quedar claro a quienes afectaría de forma directa. Pensándolo desde la óptica de la reducción del déficit fiscal, esto no reportaría un gran ahorro, pero sí implicaría una destrucción de prestaciones y del andamiaje de políticas estatales.

Caputo, además, planteó que, a partir de enero, comenzará una reducción progresiva de los subsidios a servicios públicos y al transporte. En el caso de los servicios públicos, se requieren audiencias públicas por lo cual llevaría, administrativamente, un poco más de tiempo; pero, en el caso del transporte, sería inmediato (multiplicando el precio de los boletos por tres o por cuatro veces la tarifa actual).