La Comisión Provincial por la Memoria junto a otras instituciones trabajan en el registro e intervención ante los escenarios represivos del Protocolo Antipiquete de Bullrich. Pero en la marcha educativa del martes 23 la multitud no permitió que las fuerzas intervengan y todo fue en paz
Duro el trabajo de los dos agentes de tránsito que a las 15hs del martes 23 se encontraban rodeados de miles de personas intentando generar que ante el semáforo en verde, estas no crucen la avenida 9 de julio para el avance de los autos. Luego de alguna situación de tensión y peligro de accidente, los gritos de algunos manifestantes de avanzada edad expresándole lo absurdo de su trabajo, finalmente debieron retirarse y la avenida quedó cortada para el paso de más de 500 mil personas que se dirigían de Congreso a Plaza de Mayo. Allí se supo que no se iba a aplicar el Protocolo Antipiquete que intenta llevar adelante en su gestión libertaria la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Si no leiste nuestra crónica de este dia y sus fotos correspondientes, ingresá acá.
La imagen bizarra pero también preocupante de la que fue testigo este redactor, también fue vista y monitoreada por un grupo de trabajadores que se pusieron como tarea monitorear el despliegue de las fuerzas de seguridad en cada movilización desde esta nueva gestión gubernamental. Se trata de la Comisión Provincial por la Memoria, cuya sede central está en nuestra ciudad de La Plata.
Desde el año pasado, cuando el avance de la derecha en los discursos públicos comenzaba a avizorar, desde la CPM, en su objetivo central de pensar la violencia y la función de las fuerzas de seguridad de nuestro país, se propusieron generar posibles monitoreos en las movilizaciones, ante los posibles escenarios de represión en las protestas.
Según contó a Pulso Noticias y a Radionauta uno de los secretarios de la Comisión, Roberto Cipriano, una vez decidida las tareas, lo primero fue formarse y experimentarse en la tarea de monitoreo, para lo cual no hay mejor laboratorio represivo que los temibles “pacos” chilenos y la combatividad del activismo del vecino país. Un grupo de personas de la CPM viajó allí “donde la represión es sistemática y muy violenta”, resumió Cipriano, y donde ya existen organizaciones que hacen este trabajo en la protesta social, sobre el uso de la fuerza policial. En coordinación con la organización “Casa Memoria Domingo Cañas” participaron de la marcha por el aniversario del golpe en ese país, en septiembre, día donde la represión también fue fuerte.
El mes siguiente en nuestro país fueron las elecciones generales y el 12 de noviembre Javier Milei y La Libertad Avanza se hacían del ballotage para gobernar el país en los próximos 4 años. Luego vendría la oficialización del protocolo de Bullrich y la primera jornada de lucha del 20 de diciembre: aquella noche (sin poder aplicar su deseo represivo), el presidente salía en conferencia de prensa ejecutando el famoso DNU.
“Cuando asume Milei y anuncia la implementación del protocolo anti piquete justamente con la idea de que no se corten las calles durante las marchas ahí tomamos la decisión institucional de avanzar con este programa de monitoreo”, relata el directivo de la CPM y agrega que para dicha tarea también se trabaja conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, con toda la tarea que se enmarca en la Ley Nacional N°26.827 que regula toda la actividad de prevención de la tortura y de la violencia estatal. También se sumó el Mecanismo de Prevención de la Ciudad de Buenos Aires que está en la órbita de la Defensoría del Pueblo. “Esto es porque asumimos que parte de la conflictividad iba a ser justamente en Capital Federal y que además en esas marchas iba a haber muchos bonaerenses”, explica.
Desde esas primeras marchas hasta hoy, los equipos se dedicaron a monitorear e intervenir en cada movilización: relevando el uso de las fuerzas, registrar las detenciones e intentar evitarlas.
¿Cuándo sí y cuándo no?
Como decíamos, la multitud de jóvenes y adultes que estalló en las calles del centro político porteño impidió que se aplique el protocolo anti piquetes y no hubo hechos de represión registrados por el grupo. “El protocolo obviamente que es una expresión de la política de la ministra de Seguridad y del presidente, que es impracticable cuando las movilizaciones son multitudinarias: pasó el 24 de marzo, el 8 de marzo y pasó ayer cuando son miles de personas que se movilizan y las calles se cortan y no hay forma de aplicar el protocolo”, explica Roberto.
Sin embargo sí han tenido que vislumbrar cuando el protocolo represivo se despliega con mucha violencia: “Sucede cuando quienes se manifiestan son las organizaciones sociales, los grupos piqueteros, ahí sí hay una particular predisposición a la represión de parte de la fuerza de seguridad, detenciones y golpes”, afirmó y acá podes leer la nota donde la CPM expresa que la movilización última de abril “fue una de las represiones más feroces de los últimos años”.
También pudo agregar que muchas veces en estas marchas, la actuación policial “no tiene mucha razonabilidad, no tiene mucho sentido”. Contó por ejemplo cuando el martes los policías armaron un cordón alrededor del Congreso en la calle Entre Ríos con la finalidad de mantener la circulación, pero luego obviamente la cantidad de gente lo desbordó, pero esto generó embudos que impedían el ingreso a la Plaza del Congreso y se armó embotellamiento, no tenía ningún sentido, explica y agrega que lo mismo pasó para la desmovilización al terminar la marcha, esos cordones persistían incluso detrás del escenario. “Todas esas cosas generan embotellamiento, apretones, son cuestiones que deben tenerse en cuenta porque son peligro frente a alguna estampida. Lo único que hizo la policía fue generar cordones que no garantizaban nada, que no prevenían nada, solo entorpecía el normal desarrollo de una manifestación que fue pacífica: realmente no hubo ni un solo hecho de violencia”.
Para ir finalizando, en la entrevista radial Cipriano explica que esta metodología es una decisión política e institucional del gobierno, y que incluso esa decisión también incluye ir cambiando qué tipo de fuerzas federales, a veces la policía de la ciudad, a veces la federal, aeroportuaria, gendarme o prefectura, entre otras. “En aquella movilización del 10 de abril frente al Ministerio de Capital Humano , fue la Policía Federal que reprimió con una virulencia, digamos y un despliegue tremendo.
Inclumplimientos y represión a veces dirigida
Además las críticas de la CPM son por el protocolo de uso de la fuerza que los uniformados no respetan, como por ejemplo disparar directamente a la cara, como el caso de Claudio Astorga, militante de Pueblo Unido y trabajador de la construcción de la Utep, que en esa movilización del 10 de abril también sufrió la pérdida de visión de un ojo. O Matías Aufieri, abogado del Ceprodh que también en una de las marchas frente al Congreso contra la Ley Ómnibus también recibió un disparo en el ojo que todavía los médicos intervienen para que no pierda esa visión.
“Los protocolos establecen que tienen que dispararse a más de 10 metros de distancia, de la cintura para abajo, que no pueden dirigirse los disparos hacia las hacia el torso o la cabeza y justamente es lo que hacen: disparan muchas veces sin contemplar estos cuidados. Esas son justamente las cosas que venimos señalando y reclamando”, continúa Cipriano García y agregó también la portación del arma reglamentaria que muchas veces las fuerzas las llevan y está prohibido, o tambièn el uso del gas pimienta: “son gases son altamente corrosivos y agresivos que tiran de manera indiscriminada hacia arriba para que afecte a todos, o incluso abajo a los pies para que también eso después levanta”. Para finalizar asevera que todo este tipo de ataques incluso a veces son dirigidos: “hemos padecido en estos tiempos agresiones dirigidas directamente sobre defensores derechos humanos o también sobre periodistas, que van claramente identificados con chalecos, que dicen prensa y aún así reciben la agresión policial, o sea, claramente a veces está dirigida sobre esos periodistas la agresión”.
Por Julio Ramiro Laterza (Pulso Noticias)